La Iglesia Unida de Cristo agrupa la mayoría de iglesias evangélicas del país. Acusa a Gloria Macapagal-Arroyo de tolerar asesinatos y abusos de los derechos humanos.
23 de junio de 2011, MANILA (FILIPINAS)
La Iglesia Unida de Cristo de Filipinas (UCCP, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda contra Gloria Macapagal-Arroyo por los asesinatos extrajudiciales, desapariciones, detenciones y torturas causadas por los militares y llevadas adelante de acuerdo a las políticas establecidas por el gobierno de la ex presidenta.
La UCCP recuenta a más de 18 de sus miembros muertos (aunque hay muchos más), uno desaparecido, tres atacados y heridos, y cuatro detenidos, encarcelados y torturados. El secretario general de la organización, el obispo Reuel Norman Marigza, explicó que entre los demandantes se encuentran los familiares de algunos de los pastores asesinados o torturados durante el período de gobierno de Arroyo (desde el 2001 al 2010).
“Gloria Arroyo y los agentes militares bajo su mando deben ser responsables por las injusticias contra en la iglesia y el pueblo filipino”, dijo Marigza. “Tenemos las evidencias que apuntan a la autoría militar de los ataques. Arroyo era entonces el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Filipinas. Siendo el más alto funcionario de la misma, la estamos demandando bajo el principio de responsabilidad del mando”, explicó el obispo.
Según el abogado del caso, Emilio Capulong, ninguno de los autores de los crímenes ha sido procesado.
IGLESIA PERSEGUIDA
Otro obispo de la Iglesia, Roel Mendoza, agregó tras presentar la denuncia que “sólo de la UCCP hay más de 25 víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante el mandato de Arroyo (2001-1010)”. A esto se sumó el Reverendo Rex Reyes, secretario general de la Iglesia de Cristo. “Algo está realmente mal, muy mal cuando los pastores y obreros de la iglesia son asesinados, arrestados y detenidos o desaparecen mientras están enseñando a la gente a conocer, defender y luchar por sus derechos”, expresó.
Mendoza señaló que la mayoría de estas víctimas, algunas de ellas pastores o coordinadores del grupo fuera de Manila, fueron asesinadas entre 2004 y 2006, al inicio del segundo mandato de la presidenta . Según la versión que sostiene la UCCP, la administración de Arroyo propició ataques a miembros de su congregación porque sospechaba que la UCCP protegía a miembros de la guerrilla comunista del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP).
Los denunciantes reclaman indemnizaciones por daños y perjuicios para los cónyuges de los asesinados y para quienes fueron torturados y sobrevivieron por un valor de 88.000 euros aproximadamente.
GRAVES ACUSACIONES
Marigza citó el caso de Guerrero, un pastor que fue secuestrado en las afueras del local en Biñan después de un servicio de adoración del domingo 27 de mayo de 2007. El obispo explicó que los registros muestran que los miembros de las Fuerzas Navales de Inteligencia y Seguridad fueron los que llevaron a una casa de seguridad a Guerrero, donde fue torturado antes de ser entregado a la Policía Nacional Filipina.
Baclao fue asesinado a tiros por un pistolero a las afueras de su casa en Daraga, el 10 de noviembre de 2004. Baclao era el coordinador de Andurog-Bicol, un programa de ayuda ante desastres de la Iglesia Unida de Cristo en Filipinas (UCCP) y el coordinador regional de la Promoción de la Respuesta Popular de la Iglesia (PCPR).
Otro pastor, Edison Lapuz , acababa de llegar del entierro de su suegro en San Isidro, el 12 de mayo de 2005, cuando fue asesinado a tiros por dos hombres no identificados.
Domingo , pastor de la Iglesia Unida de Cristo en Filipinas y secretario general del grupo de derechos humanos Karapatan en Palawan, fue asesinado el 20 de agosto de 2005 , presuntamente por agentes militares aún no identificados.
El pastor Pawican llevaba en sus brazos a su hijo de meses de edad cuando fue detenido por soldados en Pantabangan, el 21 de mayo de 2006. Unas horas más tarde, se escucharon disparos. Los soldados del Batallón de Infantería 48 del Ejército de Filipinas llevaron al niño a la esposa de Pawican.
CONSIDERADOS ‘INSURGENTES’
Marigza considera clave para el caso el hecho de que dentro del plan de contrainsurgencia diseñado por Arroyo y su gobierno (conocido como Oplan Bantay Laya) se incluía a la UCCP como un enemigo potencial.
De hecho, la UCCP tuvo acceso a una presentación de PowerPoint del gobierno titulada “Conoce a tu enemigo” en la que figuraba la Iglesia y otras organizaciones como tapaderas del Partido Comunista de Filipinas. Esto “allanó el camino para que nuestros miembros y pastores fuesen víctimas de violaciones de derechos humanos”, dijo Marigza.
Emma Lapuz, esposa del pastor Edison Lapuz, piensa que los militares estaban detrás del asesinato de su marido. “Él fue catalogado como un enemigo del Estado para defender a los indefensos”, expresó la viuda.
“Cinco años han pasado desde que perdimos a nuestro padre- expresó Joseph Domingo-. Las investigaciones se hicieron por las autoridades, pero ninguno ha sido llevado ante los tribunales”. “No somos enemigos del Estado. Somos siervos de Dios”, dijo el obispo Dulce Pia Rose durante una reunión después de la presentación de la queja. “La vida de Edison Lapuz y de nuestros pastores y miembros son el símbolo de su fidelidad al seguimiento de Cristo”.
La UCCP es la principal iglesia protestante de Filipinas, que agltutina como movimiento a unos 5 millones de fieles en un país en donde la fe católica es seguida por más del 80 por ciento de la población. Se formó en el año 1948 tras juntarse la Unión de Iglesias Evangélicas de Filipinas, la Iglesia Metodista Filipina y la Iglesia Evangélica Filipina.
Este es el segundo caso civil presentado contra Arroyo por violaciones de derechos humanos.
Fuentes: Efe Agencias
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