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Desde junio, Irak vive hundido en la violencia sectaria y abocado a la fragmentación del país. En un informe publicado este viernes, la ONU denunció que 1531 personas fallecieron y 1763 resultaron heridas el mes pasado y acusó a los militantes del Estado Islámico y las fuerzas de seguridad iraquíes de haber cometido violaciones de derechos humanos.

Hasta ahora, entre otras sanciones, a los funcionarios cristianos se les había retirado el sueldo y se había dejado de distribuir alimentos a las familias no musulmanas. Sus casas han sufrido, además, cortes de electricidad.

En una circular distribuida por la ciudad tras el rezo de este viernes, la organización -que declaró a finales del mes pasado la instauración del califato y ha diluido la frontera entre Siria e Irak- anunció que permitiría hasta este sábado el éxodo de aquellos que rehúsen abrazar el islam o pagar la “jiziya” (un impuesto a los no musulmanes). Vencido el plazo, “la única opción -advirtió el líder del grupo Abu Bakr al Bagdadi- será la espada”.

Desde entonces, los altavoces de las mezquitas y los vehículos que patrullan la ciudad han difundido la amenaza.

Por ello, en las últimas horas, decenas de familias -los últimos representantes cristianos de la ciudad- han abandonado el lugar rumbo a las localidades de la provincia de Nínive fuera del control del IS o a la vecina región autónoma del Kurdistán, que ha acogido a los cientos de miles de desplazados por el conflicto. En la desbandada, han padecido los puestos de control de los yihadistas, que -según los testimonios de algunas víctimas- han confiscado bienes y dinero a quienes huían.

Tras dejar sus viviendas, los insurgentes suníes garabatean en las fachadas “Nasrani” -una palabra usada para referirse a los cristianos- y una advertencia en negro: “Propiedad del Estado Islámico”. Además, los nuevos gobernantes de Mosul han comunicado a los vecinos musulmanes que viven en casas arrendadas a cristianos que a partir de ahora no tendrán que pagar el alquiler.